En la próxima década podrían crearse 600.000 empleos si se aprovecha todo el potencial de la economía circular, la adaptación al cambio climático, agricultura y ganadería extensiva o la gestión forestal sostenible.
El cambio climático es una realidad que afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo, desde la pérdida de biodiversidad y la deforestación hasta la inseguridad alimentaria o la pobreza energética. Esta amenaza climática hace más necesario aún el desarrollo de soluciones inmediatas, inclusivas y sostenibles si se quiere paliar sus efectos de una manera eficiente y eficaz. Para hacer frente a esto, se requiere un cambio en el modelo productivo, hacia un tipo de economía baja en carbono, centrada en energías renovables.
En los años 70 y principios de los 80, se tendía a pensar en un mercado de trabajo con mayor regulación ambiental, en la medida en que implicaba una mayor internalización de costes. Suponía una caída de la inversión y, por lo tanto, un descenso de la ocupación. Sin embargo, los organismos internacionales y los planes nacionales han venido profundizando en el apoyo a la creación de empleos verdes inclusivos.
En otras palabras, una economía sostenible no puede externalizar los costes ambientales y sociales. Los empleos verdes vinculan eficazmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 (reducción de la pobreza) y 7 (protección del medio ambiente), y contribuyen a que sean objetivos que se apoyan mutuamente, en vez de enfrentarse.
De esta manera el crecimiento verde es, a la vez, un reto y una oportunidad para el mercado de trabajo. La transición traerá consigo transformaciones fundamentales en toda la economía y en una amplia gama de sectores. Se generarán puestos de empleo adicionales, algunos puestos de trabajo serán sustituidos y otros se redefinirán.
Una economía sostenible no puede externalizar los costes ambientales y sociales
Según el Informe sobre Empleo en Sostenibilidad y Medio Ambiente de la UNIR en España el empleo neto en el sector de energías renovables aumentará entre 250.000 y 350.000 personas desde 2021 a 2030. Las inversiones en renovables generarían entre 107.000 y 135.000 empleos; las dedicadas al ahorro y eficiencia energética, entre 56.000 y 100.000 puestos de trabajo; y las de redes y electrificación de la economía, unos 46.000. Asimismo, se espera que la transformación energética genere también hasta 118.000 empleos indirectos.
Además de ello, y en base al informe Reconstruyamos el futuro: un green new deal para España, elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad, se podrían crear 600.000 empleos adicionales en 10 años si se aprovecha todo el potencial de la economía circular, la adaptación al cambio climático, agricultura y ganadería extensiva o la gestión forestal sostenible.
Todo ese impulso está apoyado también por instrumentos jurídicos como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, políticas públicas como la Estrategia de Descarbonización a 2050, Estrategia Estatal por la Bicicleta o la Agenda Urbana Española. A la luz de estos impulsos, resulta necesario hacer una reflexión sobre la transición energética y las oportunidades de empleo que puede ofrecer para aquellas personas con mayores dificultades de acceso al empleo.
Una parte de los empleos con mayor demanda (en la transición ecológica) no exigen una alta formación.
El actual contexto puede ser un ecosistema propicio para generar una mayor inclusión. Particularmente los puestos de trabajo que pueden crear la llamada transición ecológica constituyen una oportunidad para aquellas personas que cuentan con una formación en estudios iguales o inferiores a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), ya que una parte de los empleos con mayor demanda no exigen una alta formación.
Por ejemplo, esto se evidencia al analizar algunos de los nuevos puestos de trabajo que actualmente demanda un sector de vital importancia en la nueva economía como es el de la movilidad sostenible: reparación de patinetes y bicicletas eléctricas, promotor comercial de movilidad eléctrica, repartidor de última milla sostenible o conductor/gestor de carsharing.
Estas oportunidades laborales adquieren aún mayor relevancia teniendo en cuenta el contexto económico y social agravado por la crisis del COVID-19 y que afecta sobre todo a los colectivos vulnerables. En 2020 se destruyeron 622.600 puestos de trabajo y se cerró el año con 527.900 personas desempleadas más; mientras que la tasa de desempleo alcanzó el 16,13% en el cuarto trimestre de 2020, lo que supuso 3,71 millones de personas en situación de desempleo.
Las inversiones en renovables generarán entre 107.000 y 135.000 empleos hasta 2030
Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente una economía verde debe mejorar el bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas. En su forma más básica, una economía verde es aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente.
Por tanto, una economía más verde experimentará el surgimiento de nuevas ocupaciones, requerirá de nuevas competencias en los trabajos existentes y cambios en la demanda de los empleos.
Los colectivos más vulnerables, con baja o media cualificación y dificultades en el mercado laboral, pueden encontrar una oportunidad en el actual contexto, pero para ello no hay que perder de vista que la inclusión es uno de los pilares de la economía verde.
