Vulnerabilidad y empleo en políticas y estrategias hacia la transición energética

La vulnerabilidad, hace referencia a una exposición ante un peligro, y la capacidad de protegerse del mismo. Es un término originalmente usado en el ámbito medioambiental, pero que cada vez se aplica más al ámbito social (Montoya y Martínez Espinosa 2018).

La exposición de un individuo, o un colectivo de personas, a unos factores que pueden generar riesgo en la caída del bienestar pueden marcar el camino hacia el empobrecimiento de estos.

Teniendo en cuenta estos aspectos relacionados con la vulnerabilidad, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del Reino de España 2013-2016 señala algunos factores claros que generan ese riesgo, tales como el empleo/desempleo, la educación, la vivienda y la salud.

No todas las personas están igualmente expuestas al riesgo, y no todas las personas o grupos tienen la misma capacidad de protegerse del mismo.

La capacidad de afrontar los riesgos que disminuyen los índices de bienestar de las personas pueden además partir de situaciones de desventaja socioeconómica, que puede incrementar aún más el grado de vulnerabilidad de estas, haciendo que sea más fácil caer en una situación de exclusión social.

Las normativas, políticas y estrategias diseñadas en los últimos tiempos para combatir los efectos negativos provocados por el cambio climático sobre los territorios, los ecosistemas, las zonas geográficas, los colectivos y las personas, consideran la vulnerabilidad y los factores que la provocan para establecer medidas concretas que luchen para evitar o minimizar estos riesgos.

A nivel internacional, en el Acuerdo de París de 2015, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se insta a los gobiernos participantes a que pongan en marcha procesos de planificación y políticas que les permita evaluar los efectos del cambio climático y del grado de vulnerabilidad al que se exponen las personas debido a este, para establecer a posteriori las medidas oportunas que lo contrarreste. El objetivo mundial relativo a esta adaptación consiste en reducir la vulnerabilidad al cambio climático de las naciones.

En la Conferencia de Naciones Unidas de Madrid de 2019, se reafirman los esfuerzos de respeto y consideración de los colectivos más vulnerables ante los efectos que pueda ocasionar el cambio climático, y se reconocen las vulnerabilidades más específicas.

En el ámbito nacional, siguiendo las recomendaciones mundiales y europeas establecidas, y con el objetivo de cumplir los compromisos asumidos para luchar contra el cambio climático, se han establecido una sería de estrategias y normativas que consideran la vulnerabilidad de las personas en el cambio del modelo de desarrollo socioeconómico y ambiental hacia la transición energética que se está produciendo.

En la descarbonización habrá sectores que deban adaptarse o transformarse, lo que se traducirá en creación de empleo y desarrollo para los territorios. Es una transición justa que garantice el acompañamiento para que ninguna persona, y sobre todo las más vulnerables, se quede atrás en el este proceso

Las medidas establecidas por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 favorecerán a los colectivos más vulnerables, para minimizar los impactos sociales generados de los efectos del cambio climático, y con previsiones de generar oportunidades de empleo derivadas de la implementación de estas medidas.

La Estrategia de Descarbonización 2050, centra sus medidas en alcanzar la neutralidad climática, teniendo muy presente que se debe tener una especial atención a las personas que sean más vulnerables. En el proceso de descarbonización, habrá sectores que tengan que adaptarse y otros que tengan que transformarse, lo que supondrá la creación de empleo y desarrollo para los territorios, una transición justa que garantice el acompañamiento para que ninguna persona, y sobre todo las más vulnerables, se quede atrás en el este proceso.

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, cuenta con una serie de líneas transversales de desarrollo, entre las que se encuentra una específica dedicada a establecer medidas teniendo en cuenta la vulnerabilidad social y el impacto sobre el empleo que pueda suponer esta adaptación.

La Estrategia de Transición Justa, incluye entre sus contenidos principales, el de identificar colectivos potencialmente vulnerables en el proceso que se está fomentando de transición a una economía baja en emisiones de carbono. Para ello establece una serie de políticas de fomento del empleo verde y de convenios de transición justa para mejorar la empleabilidad de las personas y los trabajadores más vulnerables.

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, establece como imprescindible minimizar los impactos sociales negativos y ofrecer medidas de acompañamiento en la transición a una economía descarbonizada a los colectivos más vulnerables, lo que supondrá la creación de oportunidades de empleo decente y la construcción de sociedades más sostenibles con bajas emisiones de carbono.

El desempleo es un elemento que está directamente relacionado con la inclusión social, e incluso el empleo se podría relacionar, si consideramos las últimas tendencias del mercado laboral como son la temporalidad, la precariedad y el subempleo. Es por ello, que las estrategias y normativas en materia de transición energética y de adaptación al cambio climático estén considerando medidas concretas en materia de mejora de la empleabilidad, para evitar una mayor vulnerabilidad social.